El gravamen supone ahora una importante fuente de financiación de los consistorios de todo el país.

El Tribunal Constitucional anuló el pasado martes el impuesto de plusvalía municipal cobrado por los ayuntamientos en España. El tribunal de garantías, en una sentencia ponencia del magistrado Ricardo Enríquez, entiende que el cálculo del impuesto es inconstitucional. Comprenden «que el sistema de cómputo objetivo no se corresponde con la realidad, afectando al principio de capacidad económica recogido en el artículo 31 de la Constitución española.»

 

Una decisión tomada por 9 magistrados tras la abstención de Juan Antonio Xiol y la baja médica del magistrado Alfredo Montoya. A estos votos hay que añadir los votos particulares de los magistrados del sector progresista María Luisa Balaguer y Cándido Conde-Pumpido más el voto concurrente del presidente Juan José González Rivas.

Esta es la respuesta del Tribunal a la propuesta elevada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía «sobre los artículos 107.1, 107.2 a) y 107.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprobó el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

De este modo consideran los artículos como inconstitucionales y nulos por su método «objetivo de determinación de la base imponible del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana». Algo que, añaden, «determina que siempre haya existido aumento en el valor de los terrenos durante el periodo de la imposición, con independencia de que haya existido ese incremento y de la cuantía real de ese incremento.»

Sentencia sin efecto retroactivo

La sentencia del Alto Tribunal anula de facto al completo el gravamen. Por eso será imposible que los ayuntamientos puedan cobrar esta plusvalía municipal de ahora en adelante. Hay una salvedad, si el legislador prevé una nueva fórmula que se adecue a la doctrina constitucional, algo a lo que apunta la sentencia.

A falta del contenido íntegro que se dará a conocer en los próximos días, también que dicha resolución no tendrá efectos retroactivos.

El golpe de gracia para el impuesto de plusvalía que ya en 2019 se declaró inconstitucional por «la plusvalía municipal cuando la cuota es superior al incremento patrimonial». Antes, en 2017, el mismo tribunal también declaró inconstitucionales otros dos artículos del «real decreto -107.1, 107.2 a) y 110.4- en la medida que sometía a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor del inmueble.» Una anulación que obligó a que «ese impuesto no gravase en ningún caso actos o hechos que no fuesen exponentes de una riqueza real o potencial.»