El plan de choque del Gobierno busca aliviar a quienes tienen negocios al ralentí. El Gobierno aprueba ayudas para la hostelería, turismo y comercio por 4.220 millones

El Consejo de Ministros aprobó el martes 22 el esperado plan de choque. El Gobierno pretende aliviar la complicada situación en la que se encuentran miles de empresas y autónomos con sus negocios a medio gas. El nuevo real decreto ley de medidas urgentes establece que los inquilinos de locales comerciales (siempre que el arrendador sea una empresa o entidad pública o un gran propietario) Entendiendo como gran propietario a alguien que tenga 10 inmuebles urbanos o más de 1.500 metros cuadrados en alquiler. Cuando se cumplan estas condiciones podrán pedirle hasta el 31 de diciembre del 2021 una reducción de las rentas o una moratoria en los pagos.

 

La primera opción comportará, sin la necesidad de llegar a acuerdo, una reducción del 50% de la renta aplicable desde ahora mismo y hasta cuatro meses después de que finalice el estado de alarma. 

El aplazamiento será obligatorio para el arrendador, podrá ser de hasta dos años desde la finalización de la moratoria y siempre que el contrato de alquiler continúe en vigor. Los importes se repartirán de forma proporcional en esos dos años. Quienes se acojan dejarán de pagar ahora, será con el fin de la moratoria cuando se incrementarán sus rentas, de forma temporal, llegando hasta el 40%.

Requisitos para las medidas de alquiler

Los pretendientes deben tener su actividad suspendida o acreditar una bajada del 75% de los ingresos.

Algo que no recoge el decreto son medidas de ningún tipo para los propietarios de los locales. «Pueden constituir patrimonios familiares, empresas cotizadas en bolsa también con accionistas particulares o fondos de capital con sus partícipes esperando un retorno a su ahorro legítimamente invertido. Se sobreentiende que ellos deben pagar con cargo a su rentabilidad las consecuencias del estado de alarma.»

La norma recoge “la falta de ingresos o la minoración de los mismos durante el estado de alarma, que puede dar lugar a la incapacidad financiera de autónomos y pymes para hacer frente al cumplimiento, total o parcial, de sus obligaciones de pago de renta de locales de alquiler que pone en riesgo la continuidad de sus actividades”.

Tras varios meses en estado de alarma es la primera medida en este sentido. También recuerda que ni la ley de arrendamientos urbanos ni el Código Civil ofrecen soluciones al problema social y económico de afrontar unos contratos inasumibles para los arrendatarios. “Por todo lo anterior, se considera conveniente ofrecer una respuesta que permita abordar esta situación y regular un procedimiento para que las partes puedan llegar a un acuerdo para la modulación del pago de las rentas de los alquileres de los locales”.

Otras novedades del decreto

Se amplían las exenciones de los ERTE a otros sectores y hay más aplazamientos tributarios

Los requisitos para poder acogerse a estas medidas, tanto para las pymes como para los autónomos, son los de haber sufrido la suspensión de su actividad (a causa del estado de alarma). Además deberán acreditar una reducción de la facturación del 75% en el mes anterior al que se solicita el aplazamiento en relación con la media de ingresos de los tres meses anteriores del 2019. Bastará con una declaración responsable.

El Gobierno completa la norma con las exenciones del pago de cuotas a la Seguridad Social en los expedientes de regulación de empleo (ERTE) que ya están en vigor. De este modo los hace extensivos a algunos sectores no cubiertos por el decreto anterior: comercio al pormenor, intermediarios del comercio y servicios de comidas y bebidas.

En el campo tributario se centra en el turismo y el comercio: aplazamientos en las cuotas o la no computación, en el caso de los autónomos, la proporción de los días sin actividad. También flexibilidad en el mantenimiento de los incentivos regionales y ayudas para garantizar la liquidez en el sector turístico.

Fuente: La Vanguardia